Moción Impuesto Plusvalia.

     El Ayuntamiento de Rafelbunyol aprueba una moción en la que se insta al Gobierno de la nación a que modifique la redacción del Impuesto Plusvalia.

El grupo municipal  Independientes de Rafelbunyol (IdRa) logró este lunes pasado sacar adelante una moción para Instar al Gobierno de España a modificar de manera urgente la regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, de acuerdo al reciente fallo de la sentencia del Tribunal. Una reforma de la plusvalía municipal que pueda satisfacer los intereses de los contribuyentes afectados por la pérdida del valor de sus inmuebles. En esta misma moción también se pide, que mientras no haya una nueva redacción de la ley que marca este impuesto, el Ayuntamiento de Rafelbunyol suspenda las nuevas liquidaciones, cuando el sujeto pasivo pruebe que el valor de los terrenos objeto de la trasmisión no ha tenido incremento.
Una propuesta que a excepción de Compromis, votaron a favor  el resto de partidos políticos que integran la corporación. 

Según el Sr.Encarnación portavoz del Grupo Municipal  Independientes de Rafelbunyol, esta moción la han presentado por la pasividad que demuestra  tener el Gobierno de España  ante  la sentencia del 16 de febrero de 2017 del Tribunal Constitucional, y que declaro como inconstitucional y nulo este impuesto, en la medida en que somete a tributación situaciones de inexistencias de incrementos de valor. Una resolución que pone de manifiesto la inadecuada regulación de este impuesto cuya exigencia es potestativa, y que ha obligado a muchos contribuyentes, hacer  frente a pagos cuando no habían obtenido ningún beneficio en la transmisión de viviendas o locales. 

Es importante remarcar que esta sentencia no ha anulado el impuesto, ni la ley, ni tampoco fórmula su redacción, por lo que no obliga a los Ayuntamientos a devolver dinero. Pero si insta al legislador a que cambie la redacción de la ley. Algo que de momento no se está haciendo por parte del Gobierno y está dejando a los Ayuntamientos en un desamparo legal, en la medida en que no se puede regular nada que no esté en la ley , al ser ésta una competencia exclusiva del Estado.

 .