Cada día que pasa, desde diferentes ámbitos gubernamentales nos están aplicando nuevas leyes y reformas, que conllevan, a la supresión o acotación de derechos, que en Democracia siempre hemos considerado como inamovibles o indispensables.
La reforma Laboral,
la polémica LOMCE, o el contenido del
nuevo anteproyecto Ley de Protección de
la Seguridad Ciudadana, son legislaciones
que entendemos, deberían servir para poder
solucionar los graves problemas que está atravesando esta sociedad. Pero
sin embargo, la realidad que estamos viviendo tras la puesta en marcha de estas, son más recortes, y sobre todo el nacimiento de una nueva sociedad más
jerárquica y desigual, en donde podemos ya evidenciar como el acceso a la
justicia, o estudios superiores, resulta
económicamente más complicado para las familias españolas.
Leyes que han
servido para acentuar el malestar de una ciudadanía, ya crispada por la gestión
de algunos gobernantes, en donde el despilfarro y la corrupción han
formado parte de sus agendas políticas. Desempeños en donde el beneficio
propio, ha prevalecido por encima del
beneficio de los ciudadanos, saltándose para ello, muchos de los procedimientos creados para la contratación de la Administración pública,
pilares que deberían ser fundamentales para la trasparecía de cualquier
administración.
Todas estas
circunstancias han provocado, que parte de la sociedad haya dejado de confiar en la denominada
clase política, fundamentalmente en las grandes marcas, como son el PP y PSOE. Formaciones que
prácticamente desde la creación de la democracia , han estado al frente de los
diferentes gobiernos , creando o modificando Leyes a su complacencia, pero que
paradójicamente, y después de 35 años de
Democracia , voluntaria o inexplicablemente todavía no se han planteado la creación de unas leyes, que atajen de raíz los males endémicos de la
corrupción política, o sencillamente ,
puedan penar la gestión negligente de
responsables de entidades financieras, rescatadas por el Estado.
Todas
estas circunstancias están provocado, que casos de prevaricación, despilfarros
y malversaciones, provocados por
nuestros representantes políticos, no pueden ser investigados, debido a una
barrera judicial infranqueable, amparada en las distintas interpretaciones de
leyes ambiguas, en las que después de muchos años, incomprensiblemente no han sido cambiadas
